Caso Peme pone al Gobierno en dilema
Su discurso anticorrupción perdería peso si la querella es retirada

El caso Peme (Programa de Empleo Mínimo Eventual), que se encuentra en los tribunales desde noviembre de 2000, plantea un dilema ético y político al gobierno del presidente Leonel Fernández, que pone a prueba la solidez de su lucha contra la corrupción administrativa. La situación se plantea al ventilarse en la opinión pública la posibilidad de que el Estado retire la constitución en parte civil contra los acusados, lo que abriría las puertas para que el proceso judicial se desvirtúe y erosione la credibilidad de la población para enfrentar el peculado.

Pero además, al Gobierno le resultaría cuesta arriba mantener una imputación en los tribunales, que cuestiona la integridad de sus propios funcionarios colocados en el banquillo de los acusados y a la vez al programa social de su anterior gestión (1996-2000), que ha defendido con vehemencia.

Antecedentes. El tentativo procedimiento jurídico parece impulsado por el precedente del caso de Salvador Jorge Blanco, en el que la Corte de Apelación de Santo Domingo declaró al ex presidente libre de la acusación de desfalco al Estado y anuló la sentencia que lo condenó a 20 años de prisión junto a varios de sus antiguos colaboradores.

El descargo se produjo luego de que el gobierno de Hipólito Mejía retiró la constitución en parte civil y el procurador de la Corte, Rafael Mejía, se adhirió a esa medida.

Al igual que en ese proceso, en el caso Peme se alegó persecución política, para invalidar la moral de sus dirigentes y embarrar la gestión de Fernández en busca de descalificarlo para una futura candidatura presidencial.

El propio Fernández defendió en su momento las bondades del Peme como un aporte social dirigido principalmente a desactivar las protestas barriales, al verse precisado a "pagar para no matar".

En un discurso el 3 de marzo de 2003, en el Club Mauricio Báez, Fernández afirmó que en materia de corrupción "cada vez que oigo hablar de Peme digo 'Pepe'", en alusión al escándalo judicial en el que un banco acusó a Pedro Julio Goico "Pepe" de un fraude millonario con una tarjeta de crédito.

Acusado. Una de las medidas más criticadas al mandatario por organizaciones de la sociedad civil cuando asumió nuevamente el poder el 16 de agosto de 2004, fue precisamente la designación en su gabinete de personas con procesos de corrupción pendientes. En primera fila se ubicaron los acusados en el caso Peme.

-Diandino Peña, ex secretario Administrativo de la Presidencia, de Obras Públicas y cercano colaborador de Fernández, es ahora gerente general del Metro Santo Domingo con rango de secretario de Estado.

-Luis Ynchausti, ex coordinado del Peme y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pasó a ocupar una Secretaría de Estado sin Cartera.

-Haivanjoe Ng Cortiñas, ex Contralor General y miembro del Comité Central peledeísta, fue designado como Superintendente de Valores.

-Simón Lizardo, ex secretario Administrativo de la Presidencia y miembro del Comité Central del PLD, es contralor general.

Estos fueron apresados y sometidos a la Justicia en noviembre de 2000 acusados de cometer actos de corrupción a través del Peme, que manejó más de RD$1,400 millones en el primer gobierno de Fernández. Junto a ellos fueron implicados Grecia Peguero, hermana de Ynchausti; el empresario Noé Camacho y el administrativo del Peme León López Mata.

Procedimiento. Todos los acusados están en libertad bajo fianza, pero la sentencia que favoreció a Peña, Ng Cortiñas y Lizardo, emitida por el juez de la primera Cámara Penal del Distrito, Francisco Ortega, el 15 de marzo de 2002, fue recurrida en apelación por los abogados del Estado, bajo el alegato de que el magistrado no era competente. La audiencia está fijada para el 6 de abril.

Uno de los abogados representantes del Estado en el caso, Tomás Castro, establece que si se retira la constitución en parte civil no quiere decir que el proceso finaliza, sino que el juez mantiene su facultad de descargarlos o condenarlos, de acuerdo con su íntima convicción.

Además, que el Ministerio Público podría mantener los cargos contra los acusados en el tribunal o entender que esas personas no cometieron los hechos que se les imputan.

La repercusión del caso Jorge Blanco

Hasta ahora el caso del ex presidente Salvador Jorge Blanco es uno de los pocos en materia de corrupción administrativa que ha definitiva de los tribunales.

En efecto, Jorge Blanco fue condenado a 20 años de prisión junto al ex secretario de las Fuerzas Armadas de su Gobierno (1982-84), Manuel Antonio Cuervo Gómez, y al pago de RD$172 millones entre ambos.

La sentencia fue dictada por el juez Juan María Severino en la madrugada del 8 de agosto de 1991. De inmediato se dispuso su reclusión en una celda de la cárcel preventiva que funcionaba en el ensanche La Fe.

Jorge Blanco y Cuervo Gómez recobraron su libertad el 14 de septiembre de ese año cuando la Suprema Corte de Justicia fijó una fianza de dos millones de pesos para cada uno, tras revocar la sentencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 29 de agosto, que rechazó la solicitud de libertad bajo fianza.

Pero el 18 de agosto del 2000 el entonces presidente Hipólito Mejía retiró la constitución en parte civil contra Jorge Blanco y los demás acusados de desfalco al Estado. Y el 11 de mayo de 2001 la Corte de Apelación de Santo Domingo descargó al ex mandatario y a los ex colaboradores de las acusaciones, tras anular la sentencia del juez Severino.

El tribunal de segunda instancia consideró que en el proceso de primera instancia fueron violadas normas sustanciales de la Constitución y que no se le permitió la defensa.

Los casos pendientes

Inespre
Acusación: el caso José Michelén, con más de 15 años en los tribunales, fue abierto por el Inespre durante el gobierno de los diez años de Balaguer.

Aduanas
Estafa: el caso Aduanas originó un gran escándalo en 1994, debido a que la acusación se hizo contra una funcionaria y dirigente del PRSC en su propio gobierno.

Lotería
Fraude: el caso Frederick Marzourka levantó un gran revuelo por las personas involucradas. El fraude en la Lotería se estimó en 90 millones de pesos en 1996.

Criminal
Querella: el caso Bahía de las Águilas, calificado como criminal, fue interpuesto por el IAD en 1997 durante el anterior gobierno de Fernández.

Migración
Violación. Otro caso que repercute aun es el tráfico ilegal de chinos, no solo por acusarse a un diputado, sino porque procedió su Gobierno.

Desinterés

Francisco Domínguez Brito
"Hay docenas de procesos en los tribunales".
"¿Qué sucedió? ¿Quién es el responsable? Sea quien fuere, me guste o no me guste, sea cerca de mí o no, del juez o de la prensa, amigo de quien sea, si hay responsabilidad tiene que asumir su responsabilidad, si no la hay, también hay que tratar de ser justos y tomar esa decisión. Con base en esos principios vamos a actuar".

Tomás Castro
"El proceso seguiría aunque el Estado muestre desinterés"
"El Estado dominicano se constituyó en parte civil contra las personas involucradas en el caso y como es lógico, tiene pleno derecho a retirarla. Entonces esas personas simplemente van al tribunal para conocer su proceso sin una constitución en parte civil, sin que el Estado manifieste ningún interés y el juez los condena o descarga".

Opinión de la sociedad civil

Finjus
Carlos Villaverde
"Si el Ejecutivo desiste del sometimiento a la Justicia de los dirigentes peledeístas que ocuparon funciones en el gobierno 1996-2000, se daría un duro golpe al compromiso asumido por el Gobierno en la lucha contra la corrupción. Creemos que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, está obligado a llevar hasta las últimas consecuencias las acusaciones formuladas y no puede bajo ningún concepto en el presente caso desistir de la acción penal".

ANJE
Richard Lueje
"ANJE considera preciso que, entre otros pasos, la Justicia debe procurar que los casos
de denuncias de corrupción sean debidamente ponderados y que sin violentar el debido proceso, se adopten las medidas correspondientes. Además, que los casos que se presenten en cualquier área sean rápidamente instruidos y decididos y por tanto se disminuya la mora judicial. La Justicia ha avanzado mucho desde 1994. Sin embargo, ese proceso parece estancado".

Participación Ciudadana
Luis Scheker Ortiz
"El caso Peme debe ser ventilado y resuelto por la Justicia dominicana, al igual que los otros casos pendientes. No hay ninguna razón de justicia para que este caso sea una excepción. Relacionarlo con el tratamiento que mereció el caso de Salvador Jorge Blanco es un ejemplo lastimero. Ratificamos que todos los casos sometidos a la Justicia, como éste, deben recibir el veredicto final sobre la responsabilidad que tienen los implicados".